Teves, sobre su denuncia a Edmundo Jiménez: «Voy a seguir peleando»
Roxana Teves firmó la renuncia a su patrimonio mientras ella, sus dos hijos y su nuera estaban detenidos. El caso, que ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también es investigado por la Justicia tucumana. El rol de los hijos de Jiménez y el ex fiscal Herrera, bajo la lupa
Acusa a los hijos del ministro Fiscal de arrebatarle sus bienes estando presa
Roxana Teves reconoce que su caso parece salido de una película de Hollywood pero se quiebra en lágrimas al recordar que no, que lo que le ocurrió fue real. Viuda del empresario Augusto Severini (convivieron en pareja por más de una década), la mujer inició los trámites judiciales para recibir su parte del patrimonio que –asegura- como sociedad forjaron juntos. Sin embargo, perdió todo derecho a los bienes que la Justicia ya le había reconocido una tarde, en una celda de la comisaría Segunda de esta capital.
Tras la muerte de Severini (ocurrida en 2009) y el inicio de las acciones civiles para cobrar los plazos fijos que ambos tenían, la Justicia reconoció que a Teves le correspondían cerca de u$s 5,3 millones, producto de la explotación de hoteles alojamiento que la pareja poseía. Sin embargo, la hija del difunto la demandó penalmente, acusándola de formar una asociación ilícita con el carpintero de la familia, Miguel Albarracín, para mantener secuestrado al empresario y robarle sus bienes.
La demanda contra Teves prosperó y en noviembre de 2010 ella, sus dos hijos y su nuera fueron detenidos. En esa circunstancia, sus abogados renunciaron a patrocinarla y le presentaron a otros letrados, asegurándole que por sus vínculos obtendría la libertad. Los nuevos representantes legales de la mujer eran Alfredo Falú (actual subsecretario del gobierno de Juan Manzur e hijo del ex ministro de Ramón “Palito” Ortega) y René Goane (hijo del vocal de la Corte Suprema de Justicia).
Según el relato de Teves, Falú le dijo en la comisaría donde ya llevaba más de un mes detenida que la única manera de obtener su libertad y la de su familia era renunciando a los bienes que le había otorgado la Justicia mediante medidas cautelares. La mujer firmó la documentación. Horas más tarde, el abogado de la hija de Severini se presentaba en el banco a retirar los plazos fijos. Como el gerente, que conocía a la mujer, sospechó que algo extraño ocurría, se negó a entregarle el dinero, una orden de allanamiento redactada en cuestión de minutos le ordenaba obedecer, bajo apercibimiento de ser detenido. Finalmente, los dólares fueron transferidos a una cuenta a nombre del abogado.
El letrado que cobró el dinero era Edmundo Jiménez (hijo del entonces ministro de Justicia y hoy ministro Fiscal del mismo nombre). Actuó en la causa junto a otra hija del funcionario, Ana Lucía. Una vez retirados los nueve plazos fijos –prosigue Teves en su relato-, Falú presentó un escrito de puño y letra ante la jueza que había ordenado su detención pidiendo su libertad. La otra parte no se opuso y la mujer, sus dos hijos y su nuera fueron liberados.
Pese a haber renunciado a todos sus bienes estando ella y toda su familia presa, la Justicia no consideró que esa entrega había sido forzada de ninguna manera. Teves continuó reclamando hasta que el Colegio de Abogados tomó nota de lo ocurrido e investigó el hecho. Detectó que en la fiscalía a cargo de Guillermo Herrera había al menos cuatro que repetían un patrón similar: rapidez inusual para dictar medidas como detenciones, imputaciones o allanamientos y freno de las acciones una vez que se lograba un “arreglo” económico en favor de los denunciantes. El órgano que nuclea a los letrados tucumanos denunció lo descubierto ante la Corte Suprema de Justicia, que ordenó una auditoría a la fiscalía de Herrera.
Cuando los inspectores del Máximo Tribunal se presentaron en Tribunales para cumplir la orden de la Corte, encontraron resistencia por parte del ministro Fiscal Edmundo “Pirincho” Jiménez, aseguraron. El funcionario dijo que no se apartaría de la auditoría, pese a que sus hijos eran investigados por ser los abogados que habían conseguido la detención en la que Teves terminó renunciando a sus bienes.
La auditoría derivó en una investigación penal contra Herrera, que quedó en manos del fiscal de la cuarta nominación, Diego López Ávila, quien dictaminó que su colega había incurrido en los delitos de prevaricato, violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre otros hechos, López Ávila consideró verosímiles las denuncias del Colegio de Abogados porque Herrera desistió de la detención de Teves y su familia por causas que no tenían nada que ver con el delito que se investigaba. De hecho, el cese de prisión se produce cuando ella renuncia a su patrimonio. Ante la posibilidad de que la Legislatura ordene su desafuero, Herrera se jubiló (el entonces gobernador José Alperovich aceptó su dimisión en cuestión de horas) y se acogió a los beneficios de la jubilación con el 82% móvil. Sin embargo, la investigación en su contra continúa.
Ante la demora de la justicia en investigar a la presunta corporación judicial que la privó de su libertad para despojarla de sus bienes, Teves resolvió presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La viuda insiste en que la causa en la que estuvo detenida llegue a juicio oral porque, insiste, quiere contar en el proceso la historia de la violación de sus derechos humanos. Además, agrega, se debe investigar a fondo la actuación de los abogados que actuaron supuestamente representándola (por haberla hecho renunciar a su patrimonio estando presa) y su presunta complicidad con los de la parte demandante, que estuvieron de acuerdo con liberarla una vez que tuvieron el dinero en una cuenta a su nombre.
Finalmente, reclama que se determine la responsabilidad del ex fiscal Herrera y su jefe, el ministro Fiscal Edmundo Jiménez, padre de los letrados que, finalmente, retiraron su dinero del banco.
Escuchá su historia en esta audio
