Letrados piden una retribución del Estado
Un grupo de profesionales discrepó con la propuesta de la legisladora Córdoba.
Un conjunto de abogados encabezados por Rodolfo Gilli, prosecretario del Colegio de Abogados de la Capital, y por el litigante Salvador del Carril redobló la apuesta de la legisladora Stella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario) y dijo que ellos podrían brindar servicios profesionales a ciudadanos de escasos recursos si el Estado abonaba sus honorarios. La postura de los letrados Gilli y Del Carril fue suscripta por otros colegiados, y quedó plasmada en una nota dirigida a Marcelo Billone, presidente de la entidad intermedia.
El texto rechaza la idea intermedia de recompensar el asesoramiento jurídico gratuito con beneficios tributarios y puntos para la evaluación de antecedentes que hace el Consejo Asesor de la Magistratura respecto de los aspirantes a jueces. Originalmente, Córdoba había propuesto que la atención de casos pro bono sea condición para el mantenimiento de la matrícula que habilita el ejercicio de la abogacía. Su proyecto de ley fue objetado por los colegios de la Capital y del Sur. La legisladora sostiene que hay que buscar la forma de ampliar el acceso gratuito a la justicia puesto que los mecanismos previstos para quienes no pueden pagar un abogado son insuficientes.
“Nuestra Carta Magna establece que es el Estado quien debe garantizar la defensa y representación de las personas de escasos recursos, motivo por el cual existen las defensorías oficiales a cuyos titulares el Estado les abona un sueldo”, argumentaron Gilli y Del Carril. Y dijeron que, de igual manera, ellos tenían derecho a percibir una retribución (honorarios) por los servicios profesionales que prestan. “Esto también es un derecho constitucional con carácter alimentario”, afirmaron. Los impulsores de la contraoferta recordaron que existe por ley un Consultorio Jurídico Gratuito en el Colegio de Abogados de la Capital y que está vigente la resolución que declara en emergencia el ejercicio de la profesión, y solicitaron a Billone que gestione una contraprestación abonada por el erario para aquellos abogados que asesoran a pobres.
